
La Justicia declaró la quiebra definitiva de
Roberto Giordano,
por lo que cerrarán todos localesde su cadena de peluquerías que supieron ser furor en el pasado. Además, el estilista no podrá
salir del país, por lo que peligra la organización de su tradicional desfile en Punta del Este, eso es, en caso de que puedan ubicarlo.
Supo convertirse en un empresario de la estética femenina
y en el anfitrión de desfiles glamorosos en pinamar y Punta del Este, pero Giordano enfrenta el ocaso de su imperio
con el decreto de quiebra
impuesto por la Justicia argentina el 23 de diciembre pasado, según el sitio uruguayo
Causa Abierta. Al
parecer, la deuda ascendería a los
dos millones y medio de dólares.
La noticia fue confirmada por uno de los abogados que presentaron el pedido de quiebra, Gustavo Pons, quien explicó que la medida se tomó "después de algunas prórrogas concedidas" y tiene "
efectos inmediatos". La quiebra está en
manos de la jueza comercial Julia Villanueva, y no podrá ser apelada.
"En el caso de Giordano implicará que permanezca inhibido, sin
poder vender ninguno de sus
bienes, y judicialmente se irán liquidando mediante subasta judicial todos sus activos existentes en la República Argentina", expresó Pons. También cerrarán sus
cuentas bancarias y los fondos serán remitidos al Banco Central.
Otra de las medidas implican que el peinador no podrá salir de la Argentina hasta el 3 de agosto, por lo que queda la incógnita de si podrá realizar su desfile anual en Punta del Este. Sin embargo, por
ahora no se sabe dónde está el peinador, por lo que se presume que ya podría haber viajado a Uruguay.
En agosto de 2009, la Justicia dictó la quiebra de Giordano. Pero el peluquero logró convertirla en un
Concurso Preventivo
para comprar un
poco de
tiempo y
saldar sus deudas, que
rondan los dos millones y medio de dólares, cosa que no pudo
hacer. Ahora, la Justicia investigará si tiene testaferros, ya que al parecer no figura
como dueño de su propia
casa.
Según el sitio uruguayo, las deudas de Giordano se habrían originado por la evasión de
impuestos, la falta de pago de salarios o la falta de
registro de los mismos.