La causa se inició a mediados de 2010, cuando la abogada uruguaya Diana Fernández de Pittaluga -tenedora del cheque en cuestión- promovió un “juicio ejecutivo” para obtener el cobro del dinero y pidió, además, el embargo general de bienes de Susana Giménez.
El abogado de Susana, Alejandro Novak, informó que ese cheque, al igual que otros, habían sido denunciados como “hurtados”, en el contexto de la tortuosa relación sentimental de la conductora argentina con Rama, quien finalmente aceptó que la había estafado y terminó en prisión.
La Justicia uruguaya -añadió Novak- probó que la firma inserta en el cheque y supuestamente perteneciente a Susana era falsa, lo que fue corroborado por la aceptación, desde la cárcel, por parte de Rama de que no sólo había falsificado la rúbrica sino que también le habría informado sobre ese hecho a la abogada Fernández de Pittaluga.
Ayer, una jueza de primera instancia notificó al abogado de Susana en Montevideo, Pablo Correa Calcagno, que la abogada demandante no podía sostener que era una “tenedora de buena fe” y que la ejecución intentada “ha trasuntado un afán temerario y malicioso”.
Susana Giménez inició una causa penal ante la Justicia uruguaya contra la propia abogada Fernández de Pittaluga, entre otros tenedores de los cheques apócrifos, por el presunto delito de “estafa en grado de tentativa”. (DYN).

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